COViSAL
For Justice & Restitution
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Por un puñado de dólares dos
bandas continúan desplumando a familias inocentes
Martes 17 de noviembre, 2015
• Jaime Escalona hablando en nombre de COViSAL denuncia
millones de dólares en honorarios y, el desplumaje de miles de familias
inocentes.
• Lo qué han recuperado el Síndico de los Estados Unidos
y los Liquidadores Conjuntos durante los últimos 7 años ha sido usado para
pagar gastos y honorarios exorbitantes de los abogados.
Hasta el momento, los únicos beneficiados de la
administración judicial del Stanford Financial Group (“SFG”) en Estados Unidos y la liquidación del
Stanford International Bank Limited (“SIBL”) en Antigua, son los abogados y sus
profesionales. “Pareciera que están prolongando a propósito el proceso legal y
los juicios para continuar generando millones de dólares en honorarios y gastos
para sí mismos, hasta consumir en su totalidad el patrimonio de los acreedores”,
afirma Jaime Escalona, fundador y líder de COViSAL, una coalición de
depositantes que perdieron todos sus ahorros con Stanford.
De acuerdo a la octava aplicación de honorarios y gastos
presentada ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos en Dallas Texas el 31
de mayo, 2014, por el Síndico Ralph Janvey, muestra $75,1 millones en
honorarios profesionales y gastos. Por su parte, los Liquidadores Conjuntos
Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton (“LCs”) presentaron su sexto
reporte ante el Tribunal de Antigua que muestra $43,8 millones en honorarios y
gastos.
Un puñado
de dinero
Escalona señala que hasta la fecha del 31 de mayo, 2014,
“el Síndico, Ralph Janvey ha recuperado $263,7 millones. Sin embargo, él ha gastado
$160,2 millones en honorarios de abogados y gastos, sin incluir los últimos 18
meses – es más del 60% del monto total “recuperado” de cuentas bancarias de
Stanford y del remate de los activos, dejando solo sumas mediocres para las
víctimas”.
El reparto del botín en los Estados Unidos
$71,8 millones
Recibidos por el Síndico y sus abogados.
$2,5 millones
Recibidos por el Examinador de Stanford
$800.000
Cobrado por el Comité Oficial de Inversionistas.
$55,1 millones
Otros gastos
“Los abogados de la administración judicial y sus
profesionales han recibido una remuneración extraordinaria por el trabajo que
han hecho en los últimos 7 años. Desafortunadamente, ellos no han demostrado
logros reales para ameriten honorarios de $600 por hora. Es inconcebible que
hayan recibido más dinero que las víctimas – muchos de ellos se han llenado los
bolsillos con millones de dólares mientras que las víctimas han recibido apenas
un centavo por cada dólar”, el señor Escalona explica.
En Antigua
De acuerdo al registro presentado ante la “High Court of
Justice of Antigua & Barbuda” el 11 de noviembre, 2014, Los Liquidadores
Conjuntos reportaron un balance de $109,5 millones de dólares. Sin embargo, de
este total ellos han gastado $43,8 millones de dólares en honorarios para los
abogados, consultores y otros gastos. Los gastos hasta del 2014, equivalen a más
del 40% del total, sin considerar los honorarios y gastos de los últimos 11
meses que aún no han sido reportados públicamente.
Los Liquidadores Conjuntos del SIBL recuperaron $8,1 millones
de dólares de la venta de activos de Stanford en Antigua, y recibieron 95,6
millones de los fondos congelados en Inglaterra, pertenecientes a los
depositantes de Stanford.
Escalona afirma que “Los Liquidadores están gastando por
lo menos $1 millón de dólares mensuales; recientemente están persiguiendo a
familias para negarles 1 centavo de la distribución que anunciaron el año
pasado, y se están quedando con los $25 millones retenidos de los depositantes,
posiblemente para pagar por sus honorarios y gastos.”
Un puñado
de dinero
“Los Liquidadores, Marcus Wide y Hugh Dickson han
recibido más de $8,3 millones de dólares, su abogado líder, $12 millones, y
otros consultores legales, no nombrados, $16 millones”, dice Escalona.
“Nos gustaría saber cuáles son los bufetes no identificados,
ver las facturas detalladas de su trabajo, y también las facturas de todos los
pagos efectuados”, agrega Escalona.
El reparto
del botín en Antigua
$8,3 millones
Pago recibido por los Liquidadores Conjuntos, Marcus Wide
y Hugh Dickson de Grant Thornton.
$12,0 millones
Pago recibido por el abogado líder
$16,0 millones
Pago para otros consultores legales
$7,9 millones
Pago para otros gastos
$25,0 millones
Retenidos de familias inocentes acusadas de recibir supuestos
pagos preferenciales; probablemente los LCs los usarán para pagar sus
honorarios y gastos.
Parte recibida por los verdaderos dueños
$0.01 centavo de dólar
recibido por algunos de los depositantes.
Presa fácil,
otra vez.
El 15 de mayo, 2014, la “High Court of Antigua” emitió
una orden nombrando a un Amicus Curae (abogado amigo del Tribunal) debido a la aplicación
que presentaron los Liquidadores Conjuntos para reclamar pagos de Ganadores
Netos y supuestos acreedores que recibieron pagos preferenciales. El 5 de
Agosto 2015, un año después, el Juez Gerhard Wallbank concordó con los
Liquidadores Conjuntos y emitió una orden que les permite a los Liquidadores
entablar reclamos en contra de los depositantes que fueron considerados de
haber recibido pagos preferenciales. “La mayoría de los depositantes acusados
de haber recibido supuestos pagos preferenciales retiraron algo de sus ahorros
depositados en el SIBL para pagar por gastos de manutención, con todo el derecho
y de buena voluntad”, dice el Sr. Escalona.
“Es obvio que los Liquidadores Conjuntos retendrán los $25
millones que debieron haber distribuidos a familias inocentes hasta que entablen
demandas en contra de ellos y ganen el caso. Estas familias no podrán
defenderse en los tribunales porque no tienen dinero para contratar un abogado,
y probablemente los LCs ganen el caso. Esta es otra táctica para prolongar el
sufrimiento de los depositantes y para quedarse con este dinero y seguir
alimentando sus intereses avaros”, explica Escalona.
Los
administradores del SFG y SIBL tienen asegurado su trabajo por años
“La verdad es que la injusticia continua para las
familias afectadas mientras el Síndico de USA y los Liquidadores Conjuntos insaciablemente
persisten en general honorarios y gastos para ellos, sus abogados y otros
profesionales; los únicos beneficiados hasta el momento, cobrando millones de dólares
durante los últimos 7 años”, afirma Escalona.
“Nosotros no hemos visto ningún esfuerzo verdadero de una
recuperación significativa para las familias y, los logros en la recolección de
activos para el fondo de distribución de los afectados es deficiente. Los
Liquidadores Conjuntos y el Síndico de USA han usado el dinero que estaba
confiscado en Inglaterra y Canadá para pagarse a sí mismos y a sus colegas,
mientras obligan a las familias depositantes vivir en un calvario para recibir
una miseria”, el Sr. Escalona enfatiza.
Regresando
a la realidad
El Sr. Escalona comenta, “Parece
que nuestra interminable saga está prolongándose por diseño para generar honorarios
y gastos para los abogados y profesionales responsables del caso Stanford.
Encontramos deplorable que los Tribunales de Estados Unidos y Antigua han
permitido que el Síndico de USA y los Liquidadores Conjuntos, quienes fueron nombrados para prevenir
el mal gasto y despilfarro del patrimonio de los acreedores, continúen disminuyéndolo
a un ritmo alarmante”.
Exigencias de los depositantes
De acuerdo a la orden del 20 de
abril 2009, asignando a John Little como el Examinador de Stanford, él fue
nombrado por el Tribunal para transmitir información que el Examinador
determine que ayudaría al Tribunal considerando los intereses de los
inversionistas, y a efectuar dichas investigaciones que él determine serían
necesarias para facilitar dicha información al Tribunal. También, el 11 de
Agosto 2010, el Tribunal aprobó la creación de un Comité de Inversionistas de 7
miembros, incluyendo el Examinador y 6 otros miembros, representando una sección
representativa de los inversionistas de Stanford, para proveerles oportunidades
adicionales a los inversionistas en participar en las actividades de la administración
judicial.
El Sr. Escalona dice, “Exhortamos
al Examinador y al Comité Oficial de Inversionistas, quienes representan los
intereses de los inversionistas alrededor del mundo, que transmitan nuestra voz
y preocupaciones expresadas en esta carta a los tribunales y a otras
autoridades responsables del caso Stanford. Ustedes tiene un deber fiduciario
con los depositantes de Stanford y sus decisiones y acciones deben ser llevadas
considerando los mejores intereses del patrimonio de los acreedores”.
El Síndico de USA y los
Liquidadores Conjuntos fueron nombrados para conservar, mantener, administrar,
y prevenir el mal gasto del patrimonio de los depositantes, y retornar el
dinero a las familias inocentes. La prolongación extendida de la recuperación
de activos y los acuerdos extrajudiciales mínimos están generando horas
facturables exorbitantes y gastos para los administradores y sus abogados, para
el perjuicio de los depositantes de Stanford.
“Exigimos claridad,
transparencia, integridad y equidad, y el fin de intereses económicos
encontrados que irracionalmente persiguen el control de los activos, malgastado
lo que recuperan de nuestro patrimonio. El control del dinero no puede ser el
motor propulsor para traer justicia y equidad a miles de familias inocentes que
han quedado en la pobreza y desesperación”, comenta Escalona.
El Sr. Escalona concluye, “Los $200 millones de dólares
que quedan de nuestros ahorros en Suiza deben ser distribuidos directamente a
los depositantes de Stanford, de lo contrario, el Síndico de USA y los Liquidadores
Conjuntos derrocharan el dinero para pagarse a sí mismos. Ellos todavía no han
efectuado ninguna distribución significativa en los últimos 7 anos, solo un par
de centavos de dólar.”
“¿Qué entidad legal honesta y
transparente está supervisando los asuntos de la administración judicial y la liquidación?
¿Dónde está el balance de poderes? ¿Están siendo considerados nuestros derechos
fundamentales?”, pregunta el Sr. Escalona.
“Insistimos que los Tribunales
de los Estados Unidos y Antigua demuestren ante el mundo su compromiso por la honestidad,
igualdad y justicia con acciones concretas e inmediatas. Familias inocentes en
los Estados Unidos, América Latina y alrededor del mundo, tienen el derecho a
una restitución total de sus ahorros.
Confiamos en Dios que los
derechos de las víctimas prevalecerán sobre manipulaciones judiciales y que la
buena consciencia será el instrumento para impartir justicia y detener un
interminable fraude”.
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