COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)
**Traducción al español de la versión original en inglés **
Carta
Abierta al Juez David Godbey y al Síndico de Stanford
Cuando el polvo se asiente, el Síndico de Stanford y sus profesionales ni siquiera dejaran paja rodante para las víctimas inocentes de Stanford.
El tormento se
extiende para las víctimas del fraude de Stanford mientras que los abogados de
la administración judicial y sus profesionales continúan recibiendo grandes
montos de dinero; son los únicos beneficiados hasta el momento, cobrando
millones de dólares en honorarios y gastos. Uno se pregunta ¿por qué los
profesionales de la administración judicial reciben compensación de nuestros
ahorros robados sin demostrar ninguna recuperación significativa? ¿No es esto
una inmoralidad?
Durante estos trágicos
cinco años y medio, nosotros, las víctimas de Stanford, hemos visto con tristeza
como se desvanece la posibilidad de recibir un alivio económico que pudiera
mitigar nuestras pérdidas. Entretanto los abogados y sus camaradas
profesionales reciben todo nuestro dinero. El Sr. Janvey ha recuperado
aproximadamente $240.9 millones hasta el 31 de diciembre de 2013, y ha gastado
$127.5 millones en honorarios y gastos. Estos montos no incluyen la “retención”
de honorarios profesionales por un total de $17 millones, y los $50 millones
por los costos del cierre de las operaciones de Stanford.
Es obvio que el dinero
disponible de nuestros ahorros robados es simplemente el cofre para pagar a los abogados y profesionales que manejan
la administración judicial y la liquidación. Ellos se hacen ricos rápidamente,
mientras las víctimas no pueden pagar por sus gastos médicos y de manutención; muchos
están viviendo en la pobreza.
Por sus implicaciones,
el caso Stanford es un ejemplo de cómo los Estados Unidos maneja asuntos de ética y moralidad en el ámbito financiero ante
un escenario global que ya ha sido testigo de la corrupción política y
financiera. Por lo tanto, estamos convencidos que si este monstruoso fraude, el
cual operaba con impunidad por más de una década en y desde los Estados Unidos,
no es resuelto satisfactoriamente para todas las víctimas, el descredito
mundial de los Estados Unidos por fraudes financieros se profundizará,
incrementando aun más la desconfianza que actualmente existe en su sector
financiero.
Además, los logros de
la administración judicial en la recolección de activos para el fondo de distribución
de las víctimas han sido deficientes. De acuerdo al Examinador John Little, “El
Síndico y sus profesionales no han identificado ningún activo significativo o
cuentas que no fueron identificadas en los primeros días de la administración judicial”.
Por esta razón, las demandas colectivas son la única vía de recuperación para
los pequeños y modestos depositantes que no tienen dinero para contratar abogados
que los defiendan individualmente.
La firma del Protocolo
de Cooperación de Insolvencia Transfronteriza entre el Síndico de los Estados
Unidos y los Liquidadores Conjuntos, parece solo beneficiar a los abogados responsables
de la Administración y de la Liquidación. Ellos dividieron el pastel y se lo están
comiendo también. ¿Por qué los tribunales y las autoridades gubernamentales
permiten que el Síndico y los Liquidadores Conjuntos continúen consumiendo el
patrimonio de las víctimas de Stanford con un acuerdo que permite el continuo
enriquecimiento de los abogados sin mostrar ningún resultado de una recuperación
significativa y una compensación razonable para las víctimas del dinero
recuperado? En una respuesta a la moción del Síndico solicitando la aprobación de
la liberación de una porción de los honorarios retenidos, el Examinador John Little
dijo, “Lo que actualmente se ha distribuido a los inversionistas de Stanford,
aproximadamente $30 millones, es menos de la mitad de lo que ya se les han pagado
a los profesionales del Síndico. Es justo decir que los inversionistas de
Stanford no ven a esta administración judicial como un ‘éxito’, mientras el Síndico
y sus profesionales han recibido de la administración judicial más que las
propias víctimas”.
¿Qué entidad honesta y
transparente está supervisando las actividades de la administración judicial? ¿Dónde
está el equilibrio de poderes?
La División de Confiscación
de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos expresó su compromiso en participar en la supervisión del proceso de
reclamos y en el plan de distribución en los Estados Unidos y Antigua. Ellos se
comprometieron a tener una voz en la determinación de la racionalidad de los
costos de la recuperación de los activos para asegurar que los costos de este proceso fueran sensibles, y para
preservar la mayor cantidad de activos para las víctimas, específicamente los
$330 millones de nuestros ahorros confiscados en Inglaterra, Suiza y Canadá. Sin
embargo, nosotros no podemos entender su silencio e inacción. Los Liquidadores
Conjuntos hasta el momento han recibido $100 millones de dólares que estaban
congelados en Inglaterra y han gastado más de $60 millones en honorarios y
gastos, mientras las víctimas tienen que vérselas negras para tener cualquier
esperanza de recibir un centavo de la reciente distribución anunciada por los
Liquidadores Conjuntos.
En SEC v. Byers, 590
F. Supp. 2d 637, 645, el tribunal explicó, “En la consideración de aplicaciones
para compensación de los administradores judiciales y sus abogados, los
tribunales han aplicado por mucho tiempo la regla de la moderación,
reconociendo que ‘los administradores y sus abogados involucrados en la administración
de patrimonios en los tribunales estadounidenses … deben recibir solo compensación
moderada’”. En otras palabras, la meta no es permitir que los administradores
se enriquezcan e inclusive cualquier apariencia de dinero caído del cielo se debe evitar. Desafortunadamente, esto no parece ser el sentimiento predominante
en la administración judicial en este caso.
No solamente la administración
judicial se ha sobre pagado a sí misma y a sus abogados, sino que ahora tienen la audacia
de pedir una porción del dinero retenido en el 2009, cuando en ese entonces fue
claro que sus honorarios estaban convirtiéndose en excesivos. La SEC y el
Examinador determinaron entonces que, “el número de profesionales era excesivo
y que los gastos incurridos por ciertos profesionales carecían totalmente de un
soporte”. Casos Legales soportan el hecho que los honorarios de una administración
judicial deben estar en correlación directa con la disponibilidad de activos. En
casos similares, (Specialty Products Co.
v. Universal Industrial Corp., 21 F. Supp. 92, 94) el tribunal comentó, “Yo no
pienso que se me requiere arreglar honorarios sin tomar en cuenta el hecho que
esta administración judicial generó una siembra mínima, que todas las partes
interesadas sufrieron altamente, y que todo el proceso no fue definitivamente
un éxito”. Está claro por las acciones
de la administración judicial que ellos no tienen en mente los mejores intereses
de las víctimas; simplemente están viendo esta oportunidad para llenarse los
bolsillos.
Adicionalmente, la interpretación de los estatutos y la gran cantidad de chaos en su interpretación por jurisprudencias dispares
en fraudes de valores similares, han oscurecido la verdad de la ley. Seria
letal para las víctimas de Stanford ser victimizadas de nuevo. No más impunidad
para las terceras partes que nos han estafado!
Es inaceptable que los
Tribunales de los Estados Unidos para el perjuicio de las víctimas de Stanford, sigan permitiendo que la administración judicial, que fue nombrada para prevenir el
malgasto y el despilfarro del patrimonio de los acreedores, continúe duplicando
costos y esfuerzos entre sus profesionales, obstruyendo las posibilidades de
una distribución prorrateada del patrimonio de la víctimas.
El polvo no se ha
asentado todavía, y los abogados y profesionales de la administración judicial han
recibido una excelente compensación durante los últimos cinco años y medio por
el trabajo que han efectuado. Desafortunadamente, ellos no han demostrado
verdaderos logros para ser dignos de recibir pagos adicionales de los montos
que fueron retenidos. Ellos han recibido más dinero que las víctimas, muchos de
ellos se han llenado los bolsillos con millones de dólares, y las víctimas
apenas están recibiendo un centavo por dólar. Los Tribunales de los Estados
Unidos deben considerar todos los hechos y negar esta solicitud.
Nosotros apreciamos
altamente el valor de la justicia y la regla de la ley, y le pedimos al
Tribunal su compromiso con estos valores para asegurar que la justicia se
impartida a todos los depositantes inocentes que se sienten defraudados de
nuevo.
Jaime R. Escalona
On behalf of COViSAL
Director
Coalición Víctimas de
Stanford América Latina (COViSAL)
Twitter: @COViSAL
