COViSAL
For Justice & Restitution
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For Justice & Restitution
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23 de septiembre, 2016
Clerk of the Court
United States District Court
Northern District of Texas
1100 Commerce Street
Dallas, Texas 75242
ATN: Chambers of the
Honorable David Godbey
Civil actions: 3:09-CV-0298-N/3:09-CV-01736-N/3:13-CV-2226-N/
3:15-CV-1997-N/ 3:14-CV-3731-N
Respetuosamente le escribimos para expresar nuestra objeción al reciente
acuerdo entre el Síndico de los Estados Unidos, sus abogados, el Comité Oficial
de Inversionistas y, la aseguradora Lloyd’s of London. Los continuos atrasos de
la distribución de previos acuerdos han desmoronado la poca confianza que
tenían las víctimas en el Síndico y sus abogados. La saga se extiende para
miles de familias a medida que se ven obligadas a esperar dinero de estos
primeros acuerdos que se llevaron a cabo hace más de seis meses.
Cuando el Stanford Financial Group fue intervenido por las autoridades
estadounidenses en el 2009, el mundo cambió dramáticamente para miles de latino
americanos que habían invertido todos los ahorros de una vida en una promesa de
seguridad bajo la sombrilla protectora de los Estados Unidos. Parecía una
decisión sabia al considerar la naturaleza volátil de sus propios gobiernos, y
fue bajo este principio que les fueron vendidos sus certificados de depósito.
Ellos confiaron sus ahorros a una empresa que pertenecía a un conglomerado
norteamericano, regulado y supervisados por las Agencias Reguladoras de los
Estados Unidos. Sin embargo, su confianza fue compensada con una traición que
resultó en pérdidas desastrosas. Familias que tenían esperanzas para el futuro,
ahora viven de la caridad de vecinos, gente está enferma sin poder pagar por
tratamientos médicos, vidas se están perdiendo por no poder pagar por
operaciones que salvarían sus vidas. Las víctimas de América Latina son el
grupo más grande de defraudados; 15.270 familias que representan el 70.24% de
los depositantes con más de $4 mil millones de dólares en pérdidas.
Desafortunadamente, la triste realidad es que la injusticia no termina
para la gente afectada por el fraude de Stanford, a medida que la administración
judicial continua generando honorarios y gastos para sí mismos, sus abogados y
otros profesionales, mientras llegan a acuerdos extrajudiciales por míseros
montos para los depositantes. Hasta el momento, ellos son los principales
beneficiarios, cobrando millones de dólares y alargando el proceso para su propio
beneficio. Hay 75 demandas que esperan en el tribunal la moción del juez, de
acuerdo al sexto reporte conjunto presentado al tribunal por el Síndico y el
Examinador, sobre demandas presentadas por el Síndico o el Comité Oficial de
Inversionistas de Stanford (“OSIC”). De acuerdo al Sindico Ralph Janvey, en su
carta abierta sobre los litigios para la recuperación de activos, de fecha 14
de marzo, 2014, “…Estas demandas buscan recuperar más de $680 millones en
total. …estas demandas son la fuente principal de fondos que pudieran ser
recuperados para el beneficio de todos los reclamantes elegibles…” Sin embargo,
a pesar del enorme potencial de recuperación, Janvey no ha tenido éxito en
recuperar este dinero. Si el Síndico y los abogados del Comité Oficial de
Inversionistas continúan negociando estos acuerdos por menos de la mitad del
uno por ciento de los montos originales buscados, ¿qué esperanza tenemos de
recibir cualquier recuperación significativa?
COViSAL regularmente recibe email y
llamadas telefónicas de familias desesperadas pidiendo ayuda mientras esperan
una distribución relevante. A continuación comparto una carta muy dolorosa:
“A mi hijo menor Luis, le diagnosticaron un problema congénito, Estenosis
Aortica Valvular. Desde que él nació se la tratábamos en el Texas Children’s
Hospital en Houston. Siempre teníamos la confianza que cuando nos tocara
realizar la operación de nuestro querido hijo, la podríamos realizar en el
Texas Children´s Hospital y la pagaríamos con nuestros haberes en la cuentas
del Stanford. Luis había cumplido 18 años y acababa de graduarse de bachiller. Él
se preparaba para iniciar su carrera universitaria en veterinaria. Ahora, era
necesario operarlo para corregirle su insuficiencia cardiaca, ya que se cansaba
mucho. Le solicitamos un presupuesto al Texas Children’s Hospital para su
operación; estaba por el orden de los $250.000 dólares. En vista de esto, el 25
de agosto de 2011, les escribí una comunicación a los Liquidadores Conjuntos de
Grant Thornton, Marcus Wide y Hugh Dickson, explicando nuestra situación. Les
anexe copias de todos los estudios de mi hijo y de los presupuestos para su
operación. La única respuesta que recibí fue: ‘Estimado Cliente, Lo sentimos
mucho saber que usted se enfrenta con esta situación tan difícil.
Lamentablemente, en esta etapa de la liquidación, no es posible estimar en que
tiempo ni qué cantidad de fondos estarían disponible para su distribución a los
acreedores”.
En vista de esta respuesta y que era necesario realizar la operación de
mi querido hijo, tomé la decisión de operarlo en Caracas, Venezuela. El 27 de
septiembre del 2011, mi hijo fue operado. Parecía que la operación fue exitosa.
La pagamos con los pocos fondos que teníamos, con nuestras tarjetas de crédito
y la ayuda de nuestra familia.
Mi familia y yo estábamos muy felices de ver a nuestro hijo sano. El
mundo lo llenamos de júbilo. Luis estaba muy emocionado y optimista en iniciar
su carrera de veterinaria en la universidad. Sin embargo, el 23 de febrero, 2012, a las
6:30pm, él y su hermano mayor fueron a su práctica rutinaria de natación,
supervisada por un entrenador. Lamentablemente, nuestro hijo Luis murió durante
la práctica. Parece ser que él sufrió un ataque al corazón. No sabemos
exactamente que le ocurrió. Decidimos en contra de una autopsia, ya que para
qué, si no me iban a revivir a mi querido hijo
A veces me pregunto, si hubiéramos tenido disponible el dinero que
ahorramos en el Stanford International Bank y le hubiéramos realizado esta
operación en el Texas Children´s Hospital con sus cardiólogos que lo trataron
toda su vida desde pequeño; posiblemente, hoy mi hijo estaría vivo. Pero,
debido al robo que realizó Allen Stanford con toda su directiva, nuestro
querido hijo Luis no está con nosotros. Por estas razones hago responsables a
R. Allen Stanford, a toda su directiva, a sus cómplices y también a los
Liquidadores Conjuntos”.
Hay muchas historias desgarradoras de familias en América Latina y en
otros países que están sufriendo inmensamente como resultado de esta horrenda
experiencia. Y sólo vemos una gran falta de consideración y una completa
indiferencia por el dolor y sufrimiento de miles de familias.
El octavo aniversario de la debacle de Stanford es en seis meses. Hasta
el momento, los profesionales de la administración judicial son los principales
beneficiarios recibiendo millones de los acuerdos extrajudiciales – mientras las
victimas esperan por centavos de alivio económico y un proceso de distribución
que toma meses y años.
Familias inocentes han esperado siete años y medio por una distribución
apreciable que pudiera aliviar sus necesidades inmediatas. Sólo vemos la
prolongación de los procedimientos judiciales, que simplemente benefician a los
abogados de la administración judicial. El Sr. Janvey recibe un pago generoso
de $400 la hora del patrimonio robado de las víctimas, y está viviendo
cómodamente en Dallas. Es obvio que no existe ningún sentido de urgencia; su
familia no se enfrenta a este dilema. Las víctimas son extraños en una tierra
foránea, muy lejos; un hecho que explica su indiferencia. Las víctimas se
convierten en horas cobrables sin el factor humano que afecte sus conciencias.
¿Por qué apresurarse a ayudar familias desesperadas y con necesidades cuando
tienes garantizado un pago mensual mientras los procedimientos continúan?
Algo tiene que hacerse en nombre de las familias inocentes. Los
tribunales deben examinan de cerca la manera en la cual estas acciones
colectivas han sido negociadas para determinar si el acuerdo resultó de un
proceso en pie de igualdad. Las negociaciones de acuerdos deben involucrar a
toda la gente apropiada. Si los miembros de la clase tienen intereses
divergentes y los abogados demandantes, no pueden representar equitativamente
los intereses de los miembros de la clase, entonces los abogados de los
demandantes deben identificar subclases potenciales y representantes apropiados
que puedan ser incluidos en las discusiones de un acuerdo.
Los abogados están cosechando enormes honorarios mientras les dan
insignificantes beneficios a los depositantes inocentes.
Le pedimos al Tribunal que exija acuerdos con significado para las
familias de este horrendo fraude, un fraude que no parece terminar nunca.
Sinceramente,
/s/ Jaime Escalona
Jaime R. Escalona
En nombre de COViSAL
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